Por: José S. Méndez
Hay quienes se
atreven a firmar que la corrupción es propia a la democracia, la democracia
como orden político plural, esencialmente civil, sujeto a leyes y a su imperio
soberano, existe no solo para que nos gobernemos a nosotros mismos, sino para
que garanticemos la reducción a la mínima expresión posible de la ilegalidad,
el saqueo, la depredación de la riqueza publica y para que contengamos los
excesos de arbitrariedades gubernamentales.
Ello quiere
decir que si los ciudadanos en la Republica Dominicana, actuaran con los
niveles Éticos y Morales que requieren desempeñarse en los cargos públicos y
privados no haría falta la democracia constitucional, ni tribunales, ni
gobierno alguno.
Los repetidos
casos de corrupción política que se han producido en el Estado Dominicano desde
la llegada de la democracia han generado una sensación de inseguridad moral y
sospecha ante la función pública que ignora sistemáticamente la notable
actividad de los tribunales de Justicia y la condena y prisión de toda suerte
de corruptos, incluido varios dirigentes políticos de diversos gobiernos y toda
clase de delincuentes políticos.
Toda esa dejadez
de los tribunales Dominicanos en no administrar justicia con la debida firmeza
a los que defalcan el erario público, motiva a pensar que la sociedad
Dominicana se encamina hacia una pendiente muy peligrosa: “donde to eh to y na eh na” es asombroso los casos de corrupción
que se han acontecido en el país, como son los casos de los pilotos Franceses
narcotraficantes, Pascal Fauret y Bruno Odos, quienes estaban condenados a 20
años de prisión por haber introducido al país más de 700 kilogramos de cocaína,
valorados en 300 millones de euros y se fugaron hacia Francia.
También debemos
mencionar los casos del síndico de Bayaguana, Nelson Sosa (Opy), quien pago a
sicarios para que mataran al regidor Renato de Jesús Castillo, otro suceso es
el de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (DICAN), donde están
implicados tres coroneles, tres fiscales y el exdirector del organismo el
coronel Carlos Fernández Valerio, acusado del robo de 1,200 kilos de cocaína. También
otro asunto bochornoso es el relacionado con la Oficina de Ingenieros Supervisores
de Obras del Estado, para tan solo citar esos casos de tantos que amargan el
diario vivir de la sociedad Dominicana.
Quién duda, que
gran parte de la industria mediática vive y prospera gracias a la explotación
comercial de los escándalos de corrupción, y por lo tanto tiene un interés
directo en fomentarlo para seguir ascendiendo y por ello viola la privacidad y
los derechos de los individuos a no transformarse en carnada mediática.
Es necesario
subordinar las fuerzas de la sociedad a los principios de una moral elaborada
por la razón, en la cual impere el respeto, la responsabilidad, la lealtad, el
desempeño del trabajo honrado, pero todo esto se logra invirtiendo en la
familia, en los jóvenes, en la escuela y en campañas de difusión de los valores
humanos, “porque una sociedad sin valores dejara de ser humana”.
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