Esta situación se analizó durante el taller que con el tema “La Seguridad de los Periodistas de la República Dominicana”, organizó el CDP, con la asistencia de la UNESCO, en un hotel de esta localidad, de cuyas conclusiones forman parte las cifras dadas a conocer por Adalberto Grullón, director de prensa de Teleantillas y coordinador del equipo del CDP que llevó a cabo la investigación.
La actividad, en la que durante tres días participó un equipo de 38 profesionales de la comunicación, del Derecho y expertos internacionales en el tema, concluyó que al menos el 63% de los periodistas en ejercicio se ha autocensurado en algún momento.
Afirmaron que entre las causas principales de la autocensura se encuentran las presiones que ejercen los inversionistas y los anunciantes de los medios de comunicación, entre los que se encuentran el Estado y sus instituciones.
La referida encuesta realizada en el 2015 por el CDP reveló además de la censura y autocensura, que otras limitaciones del periodismo son las agresiones físicas contra periodistas, de las cuales son víctimas un promedio de 61 periodistas por año y las cuales provienen de funcionarios civiles y militares del Estado, bandas de narcotraficantes, militantes de partidos políticos y delincuentes comunes.
El estrangulamiento económico y cierre de programas periodísticos independientes, es otra modalidad de limitar la libertad de expresión, citando como ejemplo el hecho de que solo en los últimos tres meses fueron excluidos unos diez destacados y valientes periodistas de los medios donde laboraban sin haber faltado a sus responsabilidades laborales.
Agregaron que a esto se suma el cierre de espacios en la televisión y la radio por parte de los dueños de emisoras y canales, lo cual es una práctica que busca evitar comentarios o informaciones desfavorables a los intereses económicos y políticos a los que están vinculados los propietarios de medios.
La colocación discriminatoria de la publicidad estatal, la cual constituye el 30% de publicidad del país y de la cual los críticos e independientes pocas veces las reciben y cuando tienen acceso a ella se les ponen trabas para el pago, como la presentación de una serie de documentos para cuya obtención deben pagar impuestos que al vencerse (30 días), sin obtener el pago, tienen que volver a procurar, repitiéndose el pago varias veces antes de obtener la remuneración, además de que son obligados a pagar por adelantado, como anticipo, un impuesto de los beneficios de la publicidad que suponen recibirían al año y que generalmente no le llega.
Los ataques a periodistas y diarios digitales independientes se ha convertido en una práctica común en el país, incluyendo bloqueo de páginas o sitios web, falsificación de cuentas digitales mediante el robo de contraseñas, incautación ilegal de equipos e intercepción de teléfonos celulares, entre otras formas.
También fueron consideradas como limitaciones del periodismo y como resultado del estudio del CDP-UNESCO, las precarias condiciones laborales y salariales predominantes en los medios de comunicación y que se expresan en los bajos salarios, largas jornadas laborales, trabajo peligroso sin la protección debida y el multiempleo, lo que a su vez afecta la calidad de vida de los periodistas y la calidad del ejercicio profesional.
Los participantes del taller sobre la Seguridad de los Periodistas recibieron la información de que el 72% de los y las periodistas del país devengan un salario mensual por debajo de los 30 mil pesos (unos 658 dólares).
Según la encuesta Nacional sobre el Ejercicio del Periodismo, que forma parte de la investigación del CDP-UNESCO, la mayoría de los y las periodistas realizan jornadas laborales extendidas que van desde 9 hasta 15 horas diarias. El 45% de ellos carece de seguro de salud, de riesgos laborales y de pensiones. Solo el 28% tiene seguro de vida.
Otra forma de limitar a libertad de expresión en el país es el acoso judicial sistemático al que son sometidos muchos periodistas y medios, como es el caso de unos 18 periodistas de distintos medios sometidos a la justicia acusados de difamación e injuria, delito criminalizado todavía en este país.
Esos sometimientos se basan en alegatos que generalmente son desestimados por los tribunales luego de litigios largos, que implican para los y las periodistas pago de abogados y otros gastos. Los acusadores son casi siempre funcionarios públicos, que buscan intimidar a los periodistas a fin de que guarden silencio frente a los actos de corrupción
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