Por Ivan Santana
HIGUEY, RD.-El empresario Diógenes Aracena, denunció
que es un tremendismo desacato judicial
a dos sentencias emitidas por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera instancia del Distrito Judicial de la Altagracia, contra el abogado del
Estado Fermín Casilla Minaya quien mantiene una litis por un terreno en la zona
de Bávaro, comprado por Aracena en el año 2000 al Banco de Reservas.
Aracena entiende que es un tremendismo
desacato judicial por parte del abogado del Estado y el juez que anula el
deslinde y condena a Banreservas y al comprador.
Manifestó que el magistrado Manuel Sánchez Ceballos, juez del Tribunal de
Tierras de la Altagracia, en momentos que se encontraba recusado de esa parcela, anuló por decisión No.
0187201400101 en fecha 21 de marzo del 2014, el deslinde de mil doscientas
tareas (1,200), ubicadas en la parcela 67-B 530 propiedad de Banreservas.
Indicó que esas tierras
la entidad bancaria se la vendió y que
él a su vez la vendió a inversionistas extranjeros de la que fueron
desalojados por el abogado del Estado y al mismo tiempo le deja secuestrados
sus equipos de construcción dentro de su misma propiedad desde el año 2005
hasta la fecha de hoy.
Aracena dijo que la nulidad del deslinde
parece indicar una protección al doctor Casilla Minaya para violentar las sentencias, No. 543/2008 y
143/2014 que ordenan al abogado del Estado la puesta en ocupación de sus
propietarios, a las que nunca ha querida darle cumplimiento, que al día 2 de
septiembre acumula un astreinte de diez millones de pesos (RD$10,000.000.00).
Señaló que por motivo de ese conflicto
con los terrenos, la Dirección General de Impuestos Internos mediante acto de alguacil No.
06/2011 del 16 de marzo de ese año lo notificó al pago de más de cuarenta y
tres millones de pesos (RD$43,000,000.00), deuda atrasada por ese mismo motivo.
Abogados entendidos en la materia
quienes pidieron a este reportero reservas de sus nombres, opinaron que deben
unirse Banreservas que deslindó y vendió, abogado del Estado que duda de la
ubicación, y los compradores, trasladándose al campo del terreno, hacer las
investigaciones correspondientes y decidir la entrega de dichos terrenos y, de
esa manera ahí termina el conflicto.
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